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El convenio debe presentarse antes del 15 de marzo
Los gestores del Racing creen que el futuro del club pasa por la intervención del Gobierno de Cantabria
9 de febrero de 2012
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Los administradores advierten: "El Racing corre un enorme riesgo de descenso a 2ªB"
Los administradores concursales del Racing de Santander, durante el desayuno de trabajo ofrecido por el club./ Foto: Andrés Fernández
Santiago Velasco | Santander.-

Con Montalvo en la nevera hasta abril del año que viene, y teniendo en cuenta la poca confianza que generaría un nuevo Consejo de Administración perfilado por Alí, los gestores concursales del Racing están cada vez más convencidos de que el futuro del club pasa por la entrada en escena del Gobierno regional. No lo expresaron directamente, pero así lo dejaron entrever durante el desayuno de trabajo compartido esta mañana con los diferentes medios de comunicación en el Hotel Palacio del Mar. Más concretamente, a través del inicio de un nuevo contencioso por parte de Cantur –a partir de los incumplimientos del contrato de compraventa firmado en su día con WGA– y la posterior solicitud de la intervención de un nuevo administrador judicial encargado de ejercer derechos sobre las acciones. Sería la figura encargada de presentar, en última instancia, el convenio de acreedores.

Para ello resulta vital que la demanda se curse en Cantabria. Y es que, según apuntan los propios administradores, teniendo en cuenta el convulso panorama institucional, lo «agradecidos» que están a la magistrada María del Mar Hernández, y lo bien que ésta conoce el clima actual que vive el Racing, «si las medidas cautelares se solicitan en la región es más posible que se concedan». Los gestores concursales del Racing creen que la propuesta del convenio de acreedores debería presentarse «no más tarde del 15 de marzo», para que se puedan desarrollar –conforme a la legalidad– los correspondientes plazos establecidos y el documento pueda aprobarse antes del 30 de junio. De lo contrario, el club quedaría «abocado a la liquidación».

Hasta el momento, ninguna de las partes con facultades para hacerlo se ha decido a presentar el convenio de acreedores –la Liga ha condicionado una propuesta de quita del 50% y un tiempo de espera de cinco años–. Tal y como explicaron los administradores concursales del Racing, sin poderes de intervención sobre el accionariado, los únicos que pueden presentar una propuesta de convenio son el Consejo de Administración perfilado por el máximo accionista en la última Junta General de Accionistas –hoy suspendido– o una quinta parte de los acreedores de la entidad. Un 20% del total, que aglutine un pasivo a su favor de más de 9 millones de euros. En este caso, lo más probable es que los actuales gestores soliciten a los propios jugadores –en su condición de acreedores– que cumplan con éste trámite formal para asegurarse que se cumple el primer paso. El del 15 de marzo. Otra de las posibilidades sería hacerlo a través de la Agencia Tributaria, pero parece casi descartado que Hacienda se persone dada su propia naturaleza pública.

Una vez cumplido ese primer trámite, los administradores ganarían tiempo para cumplir el objetivo final de resolver el convenio de acreedores antes del próximo 30 de junio. «Es la fecha clave», confesó esta mañana Santiago Ruiz Asenjo, ya que ese día finaliza el periodo de intervención concursal. El club entraría entonces en fase de liquidación, con la novedad de que quedaría expuesto a la modificación de la nueva ley en vigor desde el pasado 1 de enero. La situación entonces sería de «enorme riesgo» y podría provocar que el Racing descendiera a la Segunda División B del fútbol español si no hace frente a sus compromisos de pago.

Por eso cobra mucha fuerza y resulta casi imprescindible para la futura viabilidad del Racing que, cuanto antes, quede abierto otro «procedimiento principal». Ahí es donde entra en juego el Gobierno de Cantabria, que tendría que personarse como parte afectada dentro del complejo proceso y, a la espera del correspondiente juicio, reclamar las correspondientes medidas cautelares que decreten la administración de las acciones. A partir de ahí, y a través de la convocatoria de una nueva Junta de Accionistas –a requerimiento de cualquier socio–, podría conformarse un nuevo Consejo de Administración de consenso que se encargaría de resolver el convenio.

Este órgano también permitiría que, a partir del 1 de julio, una vez los administradores hayan concluido su trabajo –presentado el convenio– y cesen en sus funciones, el Racing no quede de nuevo hipotecado bajo el gobierno de un Consejo perfilado por Alí Syed. La gestión del Racing y la planificación de la temporada 2012-2013 correspondería a la nueva administración del accionariado, a la espera de la resolución futura de los litigios de WGA con Montalvo y, si finalmente se lleva a cabo la demanda, también con el Gobierno de Cantabria.

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